En el pasado abril entró en el Congreso una proposición de Ley de un nuevo Impuesto sobre la riqueza que, en suma, no sería más que un nuevo Impuesto sobre el Patrimonio mucho más gravoso que el existente actualmente y que afectaría a patrimonios superiores a 10 millones de euros. Este impuesto, al permitir deducirse la cuota del Impuesto sobre el Patrimonio pagada de la cuota a pagar por este nuevo impuesto, buscaría obligar a autonomías como Madrid que tienen actualmente una bonificación del 100% en el Impuesto sobre el Patrimonio a gravar a dichos patrimonios sin perjudicar la recaudación de las autonomías que sí gravan a sus residentes con el Impuesto sobre el Patrimonio actual.
 
Dicha proposición de Ley fue votada y rechazada la semana pasada, ante la indignación de varios grupos parlamentarios que defienden que no se quiere gravar a los ricos y que ellos también deben pagar “lo que les corresponde”. A este respecto, defienden que la redacción de dicho Impuesto ha sido avalada por expertos pero, analizando la normativa, lo que se ve es que, por ejemplo, se endurecen notablemente los requisitos necesarios para que una empresa familiar esté exenta de este Impuesto, vetando, de hecho, el acceso a la misma a aquellas empresas familiares que no sean Pequeña y Mediana empresa (PYME) y, además, se introducen unos nuevos y mucho más restrictivos requisitos de sustancia mínima para empresas familiares que dejaría también fuera de la exención a muchas empresas familiares que sí son Pymes. Esto, junto con la imposición de un tipo máximo propuesto de un 5%, nos indica que este impuesto no representaba más que una forma disimulada de expropiación en cómodos plazos de los grandes patrimonios de este país que, sin duda, buscarían otra jurisdicción más amigable para su residencia en caso de que se aprobara. No lo duden.
 
Por tanto, y aunque estemos ante una nueva vuelta de tuerca a la cuota estatal al Impuesto sobre el Patrimonio no bonificable por las Comunidades Autónomas que llevan año proponiendo e intentando introducir en los Presupuestos Generales del Estado los mismos grupos parlamentarios para obligar a cobrar el Impuesto sobre el Patrimonio a Madrid, este nuevo Impuesto va más allá y supone un ataque directo a esos grandes patrimonios que ven con preocupación este nuevo intento de expropiarles a base de impuestos.
 
De todo, nos habla más en detalle nuestro compañero David Álvarez en este artículo que publica Expansión.
 

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