12
jun-2024
Existe una percepción común entre los poderes fácticos españoles, de que siempre estamos en desventaja frente a la burocracia europea a la que formalmente pertenecemos, aunque legalmente no parezcamos estar a la altura y nos quede un largo camino para alcanzar los estándares jurídicos de Alemania o Francia, en cuyos obedientes servidores debemos convertirnos, sin poder criticar o analizar con rigor una normativa europea cargada de aristas, que dichos países cumplen solo en función de sus intereses geopolíticos.
A los que hemos estudiado aquí siempre nos llama la atención la frase que se escucha constantemente: “Si Europa pide algo, hay que hacerlo”. Ese respeto a la autoridad comunitaria ha convertido cualquier decisión de los tribunales comunitarios, por errónea que sea, en una decisión indiscutible en España.
Los grandes despachos que aceptan la aplicación de normas y decisiones emitidas por las instituciones europeas en esencia sin preguntas críticas ni adaptaciones legales apropiadas tampoco son inmunes a este complejo, lo que está provocando una derogación automática de todo el ordenamiento jurídico español.
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Octavio Velayos González
Profesor de derecho constitucional Universidad de Salamanca
Of Counsel de Larrauri & Martí Abogados