Ahora que ya se ha publicado el borrador de los futuros Presupuestos Generales del Estado (PGE) para el año 2023, hemos podido ver las principales medidas fiscales que se aplicarán en dicho ejercicio, salvo el anunciado Impuesto sobre la Riqueza y las Grandes Fortunas, que, al no permitirse en los PGE la creación de nuevos impuestos, se tramitará de forma separada.

Este nuevo impuesto se ha vendido a la opinión pública como una materialización de la voluntad del ejecutivo de que los “ricos” paguen principalmente el coste de la crisis y, así, que este no recaiga en las clases media y trabajadora, conceptos estos que nunca han sido definidos por el gobierno, pero que suenan muy bien. 

En realidad, bajo este nuevo impuesto cuya recaudación será testimonial dentro del conjunto de los ingresos impositivos, se esconde simplemente un intento de contentar a las Autonomías que cobran actualmente el Impuesto sobre el Patrimonio y castigar a aquellas que no lo hacen total o parcialmente, como Madrid, Andalucía (que acaba de aprobar bonificarlo al 100% como Madrid) y Galicia (que quiere subir la actual del 25% al 50%).

Pero, realmente, lo que se oculta tras estas medidas, es simplemente abonar el terreno para la reforma fiscal que viene para el 2023 y que Bruselas exige que esté preparada en el primer trimestre de dicho ejercicio. Por ello, el ejecutivo busca crear un escenario en que la población acepte una subida impositiva considerable sin que ello le suponga un coste político significativo y, a este respecto, cree que, mezclando pequeñas rebajas impositivas con otras medidas como el nuevo impuesto a la riqueza, puede camuflar la misma y que pase, más o menos, desapercibida.

Esto es así, porque el Ejecutivo sabe que cualquier reforma fiscal que quiera aumentar sustancialmente la recaudación va a tener que subir los impuestos a las clases medias sí o sí porque hay es dónde está el dinero. Ya lo vemos en dos medidas que aparecen en los PGE: limitar los ajustes en el IRPF para deflactar la tarifa a aquellas rentas inferiores a 21.000 € y aprobar una subida de las bases máximas de cotización del 8,6%. Porque, aunque el Ejecutivo repita lo contrario una y otra vez, el hecho de no deflactar la tarifa del IRPF supone una subida de impuestos a los contribuyentes mucho mayor que la que se va a producir con el resto de medidas y que, además, se repite año a año puesto que la misma no se deflacta desde el año 2008.

De todo esto nos habla más en profundidad nuestro compañero David Álvarez en este artículo que publica Expansión.

Fiscal