Hace casi un año cuando muchos abogados mercantilistas metíamos en la maleta la nueva Ley de Modificaciones Estructurales, para llevárnosla como lectura “recomendada” para nuestras vacaciones. 

Sólo el título (Real Decreto-ley 5/2023, de 28 de junio, por el que se adoptan y prorrogan determinadas medidas de respuesta a las consecuencias económicas y sociales de la Guerra de Ucrania, de apoyo a la reconstrucción de la isla de La Palma y a otras situaciones de vulnerabilidad; de transposición de Directivas de la Unión Europea en materia de modificaciones estructurales de sociedades mercantiles y conciliación de la vida familiar y la vida profesional de los progenitores y los cuidadores; y de ejecución y cumplimiento del Derecho de la Unión Europea), al que  en adelante me referiré como nueva LME, echaba para atrás y la estructura que presentaba, hacían poco apetecible su lectura.

El pasado 29 de julio se cumplió un año de su entrada en vigor, por ello nuestra Directora del Área Mercantil Sandra Morales nos cuenta la experiencia que ha tenido en su aplicación tras un año de vigencia y las trabas con las que se ha encontrado, porque si bien la finalidad de la nueva LME era facilitar las operaciones transfronterizas, en la práctica lo que ha hecho es complicar las operaciones internas en algunos puntos que a continuación se relatan en el artículo que publicamos para Legal Today.

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