En nuestro país el sistema de cotización a la seguridad social ha seguido en los últimos años una tendencia que hace peligrar su carácter contributivo puesto que la base máxima de cotización ha ido paulatinamente aumentando sin que esto se haya reflejado en un aumento proporcional de la pensión máxima, en una especie de solidaridad impuesta (esto es, un impuesto) de los que más cotizan en favor de aquellos que, de acuerdo con sus historiales y bases de cotización, hubieran debido percibir pensiones más bajas.
 
El problema es que ya en 2019, La ministra Margarita Valerio decretó un nuevo aumento de las bases de cotización máximas que, finalmente, se quedó en un 7%, mientras que la pensión máxima, al igual que el resto de pensiones, subió un exiguo 1,9%, agrandando la brecha aún más entre cotizaciones máximas y pensión máxima, esto es, volviendo a aumentar el impuesto de solidaridad a aquellas rentas medias y altas que más cotizan.
 
En la actualidad, con la Seguridad Social en quiebra técnica ya que solamente sobrevive gracias a la respiración asistida que recibe por parte del Gobierno en forma de préstamos que jamás devolverá, el actual ministro Jose Luis Escrivá ha planteado aumentar los años cotizados que se deben tomar para el cálculo de la pensión (medida ahora paralizada ante la furibunda oposición de Podemos) y, asimismo, el paulatino destope de la base de cotización máxima para hacer que los trabajadores tributen por su salario total. Asimismo, se busca que los autónomos coticen por sus ingresos reales y no (como hasta ahora) puedan elegir su base de cotización entre un mínimo y un máximo.
 
Lógicamente, estas mayores cotizaciones sociales se deberían traducir en un incremento de la pensión máxima, pero ya el ministro ha dejado claro que eso se haría con matices.
 
Todo esto y sus consecuencias, nos lo explica David Álvarez en un artículo que publica hoy Expansión.
 

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