Una nueva ley portuguesa obliga a todas las empresas que tienen actividad en el país a identificar a sus dueños, como parte de una serie de medidas para prevenir el blanqueo de capitales y combatir la financiación al terrorismo.

La norma, publicada hoy en el Diario de la República luso, establece que las compañías tienen que rellenar un formulario electrónico informando de quiénes son los beneficiarios efectivos de la sociedad, con el que se creará una base de datos.

En caso que de que los beneficiarios vayan cambiando a lo largo del tiempo, las empresas deberán actualizar los datos.

A esta nueva ley están sujetas asociaciones, cooperativas, fundaciones, sociedades civiles y comerciales, pero también los instrumentos de gestión fiduciaria y las sucursales financieras extranjeras que estén registradas en la Zona Franca de Madeira, entre otros.

El plazo máximo para rellenar el formulario es abril o junio de 2019, en función del tipo de sociedad, y el incumplimiento de la norma puede conllevar multas de hasta 50.000 euros.

Una vez constituida, la base de datos portuguesa estará conectada en red a otras bases europeas, para que pueda ser consultada por las entidades que investigan indicios de blanqueo de capitales.

El nuevo régimen fue aprobado por el Parlamento portugués en julio de 2017, pero hasta ahora no se había regulado para que entrase en vigor. 

Fuente: El Confidencial

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