Las redes sociales han cambiado nuestra forma de comunicarnos, permitiendo que cualquiera con un smartphone pueda convertirse en “experto” en cualquier materia. En este contexto, las fake news o bulos se han convertido en un problema global, con consecuencias que van más allá de simples rumores: pueden afectar a la salud pública, el mercado, la reputación de personas y hasta la seguridad.

La desinformación no es solo un problema ético, sino también legal. En España, la difusión de noticias falsas puede acarrear sanciones penales, civiles y administrativas. Desde delitos de injurias o desórdenes públicos hasta infracciones contra el mercado y los consumidores, las mentiras virales tienen un coste real.

Para combatir este fenómeno, el Gobierno ha aprobado el anteproyecto de la Ley Orgánica Reguladora del Derecho de Rectificación, que moderniza la normativa vigente y obliga a rectificar públicamente la información falsa en el mismo formato y con el mismo alcance que tuvo el bulo original. Además, agiliza los mecanismos para que las personas afectadas puedan exigir rectificaciones sin necesidad de largos procesos judiciales.

En la era digital, donde la información se propaga a gran velocidad, esta ley busca equilibrar la libertad de expresión con la responsabilidad informativa. Pero más allá de las normativas, la lucha contra la desinformación es un esfuerzo colectivo. Antes de compartir, debemos verificar. La verdad no es opcional.

De todo ello nos habla con detalle Elena Vicente Martín en este interesante artículo que publica para Legal Today.

Procesal y Arbitraje, Penal, Administrativo