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ene-2021
En una reciente resolución del Tribunal Económico-Administrativo Central, se dedican más de 30 páginas a disertar sobre por qué la retribución de los administradores de la sociedad, no es un gasto deducible, pero aunque dicha resolución es ajustada al actual estado legal de la cuestión, lo que nos llama la atención es su desmesura en el empeño de justificar y dotar de cobertura jurídica un criterio de la Agencia Tributaria que ampare seguir girando liquidaciones por las retribuciones satisfechas a los administradores sociales.
La Administración no repara, y choca con la lógica, y con la realidad empresarial, de la falta de sentido de sus argumentos por ejemplo en sociedades unipersonales o familiares con pocos socios (la inmensa mayoría de las sociedades españolas), donde el control de la retribución de los consejeros ejecutivos, leitmotiv esgrimido en pos de la protección del socio minoritario, puede y debe recaer sobre el consejo y sobre la Junta, tal y como prevé la legislación mercantil, como si este control no fuese suficiente, como si lo realmente importante y digno de protección y vigilancia fuese la tendenciosa desviación de la conducta de los consejeros familiares para esquilmar ilegalmente a la sociedad.
Vamos que en lugar de entender y reconocer lo que todo el mundo empresarial entiende perfectamente, que una cosa es cobrar por ser mero administrador o consejero (lo cual los socios en estatutos deben decidir) y otra muy distinta, cobrar por el trabajo y desempeño diario como directivo, intenta justificar lo injustificable, para hacernos comulgar con ruedas de molino y para mostrarnos cómo lo que creíamos sencillo en realidad era complicadísimo. Este desmán debe tener los días contados y así nos lo cuenta nuestro Director Jurídico Pedro Martín, en este artículo que hoy publica para Legal Today y que ahora les acompañamos.
