El anuncio del reparto para España en el 2021 de más 140.000 millones de euros de los fondos NGUE llevó a muchos bufetes a incorporar expertos que fueran capaces de asesorar al sector privado sobre la puesta en marcha de estos planes, buscando arrojar luz sobre el Real Decreto 36/2020 o en el Reglamento (UE) 2021/241 que establecía el Mecanismo de Recuperación y Resilencia.

Y es que, una correcta interpretación jurídica de estos mecanismos postpandemia tenía como fin principal intentar clarificar al mundo empresarial "Los Proyectos Estratégicos para la Recuperación y Transformación Económica", conocidos como PERTE, que podían tener una gran impacto en el crecimiento económico, el empleo y la competitividad de la economía española, debido a que prometían, que las empresas que presentarán proyectos competitivos recibirían un trato preferente no solo con subvenciones estatales, sino también en la flexibilización de los procesos o eliminación de barreras burocráticas.

Sin embargo como ya intuíamos, estas declaraciones de buenas intenciones estaban condenadas al fracaso.

En el artículo que se publica en Expansión y ahora les acompañamos, nuestro compañero y of counsel Octavio Velayos, explica con lujo de detalles donde han ido a parar esos fondos que se aprobaron para la recuperación económica del entramado empresarial Español.
 

Octavio Velayos González
Profesor de derecho constitucional Universidad de Salamanca
Of Counsel de Larrauri & Martí Abogados

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