Como ya se ha comentado ampliamente, con efectos desde el 1 de enero de 2021, se han reducido los incentivos fiscales a las aportaciones que se vayan a realizar a planes de pensiones individuales, bajo la excusa de que era un incentivo fiscal que solamente beneficiaba a los ricos. A su vez, se ha aumentado la reducción aplicable en el IRPF en caso de planes de previsión empresariales pero, en un país como el nuestro con tantos autónomos (sus aportaciones tampoco se consideran dentro de un plan de empresa aunque él sea un empresario individual, según ha concluido recientemente la Dirección General de Tributos en una consulta cuyo análisis se realizó en un post anterior de nuestra web) y micropymes, esto no va traer más que (como así ha sido), que las aportaciones a estos productos en 2021 hayan caído más de un 90% y que, en un futuro, haya jubilados vip (de grandes empresas que pudieron constituir un plan empresarial de pensiones y pudieron aprovechar los incentivos fiscales para ahorrar) y el resto.
 
Esto solamente se ha realizado con un fin recaudatorio doble: 1) Por un lado, el ahorro en impuestos no recaudados para el gobierno que supone esta reducción  y 2) Cobrar los impuestos a los contribuyentes que rescaten sus planes de pensiones ahora (por impuestos que difirieron en el pasado) pero sin tener el gobierno actual que seguir llenando esa “bolsa” con nuevos impuestos no recaudados.
 
Este doble efecto se acentuará en el año 2022, ya que, como se ha anunciado ayer, en los Presupuestos Generales del Estado para el próximo año ya se prevé una nueva reducción de los incentivos a planes de pensiones individuales de los 2.000 € actuales a 1.500 € y un aumento de los incentivos a planes de pensiones de empresa.
 
Nos lo cuenta en detalle nuestro compañero David Álvarez en este artículo que publica Legal Today.

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