El martes pasado fueron aprobados dos nuevos impuestos “verdes” sobre los residuos y los plásticos. Estos forman parte de una nueva generación de impuestos que tienen como consecuencia en la práctica un aumento de la imposición indirecta cuyo coste las empresas presumiblemente trasladarán a los consumidores, recayendo así sobre el conjunto de la población, por lo que tendrá un carácter marcadamente regresivo. 

Estos impuestos en ningún caso tienen carácter finalista, puesto que lo recaudado no se destina a combatir las externalidades negativas producidas por las acciones que estos impuestos pretenden gravar ni a subvencionar la investigación, creación o producción de alternativas menos perjudiciales para el medio ambiente. En todo caso, siempre se defiende que estos impuestos no tienen una finalidad recaudatoria pero, si esto fuera así, se podría destinar dicha recaudación a reducir los impuestos sobre otros bienes y servicios que se pretenda potenciar o, si no, a reducir la carga fiscal de cualquier otro impuesto que soporte el conjunto de la población en una cuantía equivalente, consiguiendo un efecto neutro para el bolsillo del contribuyente.
 
Las razones últimas que impulsan a los gobernantes a instaurar estos nuevos impuestos “verdes” es, por un lado, la sencilla comunicación pública (favorecida por la general buena acogida que suelen tener las medidas que se acompañan de estos calificativos) y por otro, que son impuestos que indirectamente acabamos pagando todos, con lo que consiguen aumentar la tributación indirecta al conjunto de la población, puesto que, si un impuesto no alcanza al conjunto de la población y no solamente por su segmento más favorecido, está abocado al fracaso en términos recaudatorios.
 
Todo esto lo cuenta nuestro compañero David Álvarez en más detalle en este artículo que hoy publica Expansión.

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