El pasado año se aprobó el Ingreso Mínimo Vital (IMV) con la idea de garantizar un nivel de vida mínimo a quienes carecen de recursos. Con el objetivo, al parecer, de controlar los ingresos de este colectivo, se estableció la obligación de presentar declaración de renta tanto del beneficiario como de toda la unidad familiar, sin excepción, y con independencia de los importes percibidos.

No presentar dicha declaración puede conllevar a los obligados a ello sanciones de hasta 200 euros y la pérdida del IMV, aunque en la mayoría de las ocasiones estos importes estarán exentos y la declaración cumplirá fines meramente informativos, no recaudatorios.  

Por ello, se recomienda a los perceptores de esta prestación iniciar los trámites cuanto antes para cumplir con esta obligación, por las consecuencias desfavorables que puede conllevar su incumplimiento, sobre todo para un sector el cual cuenta con recursos limitados.

De todo ello nos habla más en profundidad nuestro compañero Pablo Robles en este artículo que hoy publica para Expansión y que les invitamos a leer.

Fiscal