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may-2021
Con motivo de la reactivación de la tramitación en el Congreso de los Diputados de la Ley de medidas de prevención y lucha contra el fraude fiscal, este 18 de mayo se ha reunido la Ponencia de la Comisión de Hacienda que, entre otras, ha aprobado una enmienda del Partido Popular a dicha Ley que modifica la Ley del Impuesto sobre el Patrimonio, equiparando, por fin, el tratamiento fiscal del que gozan los residentes y no residentes comunitarios y del Espacio Económico Europeo (EEE) en este impuesto con el de los no residentes extracomunitarios, los cuales eran discriminados injustificadamente hasta ahora.
Recordemos que, a raíz de la Sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, de 3 de septiembre de 2014, asunto C-127/12, se determinó que España discriminaba a los no residentes en el Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones, y, para corregirlo, se aprobó la Ley 26/2014 que acabó con esta discriminación en dicho impuesto en favor de los no residentes que fueran residentes de otro estado de la Unión Europea(UE) o del EEE (esta equiparación fue posteriormente ampliada por el Tribunal Supremo a todos los no residentes).
En esa misma Ley también se introdujo una disposición adicional cuarta en la Ley 19/1991 del Impuesto sobre el Patrimonio (añadida por la disposición final 4 de la Ley 26/2014, de 27 de noviembre), estableciendo, con efectos desde 1 enero 2015, que los contribuyentes no residentes que sean residentes en un Estado miembro de la UE o del EEE tendrán derecho a la aplicación de la normativa propia aprobada por la Comunidad Autónoma (CCAA) donde radique el mayor valor de los bienes y derechos de que sean titulares y por los que se exija el impuesto, por lo que, en definitiva, se dejó entonces deliberadamente fuera de esta equiparación a los no residentes extracomunitarios.
Así, a día de hoy y a la espera de que esta discriminación termine mediante la aprobación y entrada en vigor la Ley de Medidas de prevención y lucha contra el fraude fiscal, ahora mismo se sigue discriminando a los no residentes extracomunitarios que tengan que tributar en España por el Impuesto sobre el Patrimonio por obligación real, al no permitirles optar por aplicar la normativa de la CCAA donde radique el mayor valor de los bienes y derechos de los que sean titulares en España, lo cual, dadas las enormes diferencias en las tarifas de este impuesto entre las distintas CCAA, no es una cuestión menor.
Larrauri & Martí Abogados
